24 de septiembre de 2012
COMUNICADO
La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia la campaña de hostigamiento, criminalización y amedrentamiento realizada hacia la población desde la Delegación del Gobierno de Madrid, que junto con el Ministerio del Interior pretende deslegitimar el movimiento de protesta utilizando métodos dictatoriales y represivos contra las personas que sólo desean ejercer sus derechos de manera pacífica y democrática.
Durante el presente mes de septiembre se han producido condenables intervenciones policiales contra los derechos de manifestación y reunión. La policía detiene a varias personas por desplegar una pancarta, durante la manifestación del pasado 15 de septiembre, donde se leía "25S Ocupa el Congreso".
La policía interrumpe el pasado 16 de septiembre el pacífico desarrollo de una asamblea, sobre el evento "Rodea el Congreso" en el parque del Retiro, para identificar a más de 40 personas que asistían a la misma.
Tres días más tarde, la policía desaloja el Centro Social Casablanca, se produce la detención de una persona y son tapiados todos sus accesos. El espacio que albergaba abundante documentación audiovisual del 15M era lugar de reunión habitual del movimiento social madrileño, en el mismo se habían celebrado varias reuniones relacionadas con el evento del 25S.
El pasado domingo, 23 de septiembre, se volvieron a repetir los acosos del poder político que se concretaron en que la policía obligó a identificarse a unas 30 personas que se encontraban hablando en el parque del Retiro sobre asuntos de política, con el argumento policial de que “hay diligencias abiertas en la Audiencia Nacional”.
Pero lo más grave se produjo hace escasos días cuando el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, citó a declarar el próximo día 4 de octubre a ocho personas, de las decenas que fueron identificadas en la asamblea del parque del Retiro, a las que imputa inicialmente la comisión de un delito contra Altos Organismos de la Nación por promover una manifestación ante el Congreso. En la citación judicial, se les imputa como responsables del delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que estable pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones" ante el Congreso, cuando este esté reunido, "alterando su normal funcionamiento".
A la involución de los derechos laborales y económicos, que se ha produciendo en los últimos años en el país, se suma ahora el ataque a los derechos civiles relacionados con la libertad. Junto al aumento de la violencia policial, cargas, redadas, identificaciones, denuncias,… como método para acallar la justa y pacífica protesta social, el Gobierno anuncia la reforma del Código Penal para incluir nuevos delitos, y graves penas, para quienes ejerzan la desobediencia civil, en cambio no tiene nada previsto contra la corrupción, el cohecho y demás delitos de guante blanco.
CGT recuerda que más de dos centenares de personas fueron detenidas por presuntos hechos relacionados con la pasada huelga general del 29 de marzo, que varias de ellas pasaron varias semanas en prisión provisional y que en la actualidad se encuentran a la espera de juicio con graves imputaciones.
La Confederación General del Trabajo exige la retirada de todos los cargos contra sindicalistas y activistas sociales y llama a la defensa y protección de los derechos y libertades de las personas, entre los que se encuentra el derecho de la ciudadanía a expresar la crítica y la protesta pacífica en la calle y recuerda a las personas trabajadoras y demás sectores populares que su mejor defensa es el ejercicio y práctica cotidiana de los mismos.
SECRETARIADO PERMANENTE DEL COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT
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