A fuerza de grandes esfuerzos el CERMI se hizo del cuerpo.

Organizaciones sociales piden al Defensor recurrir reforma de la Dependencia.

Noticias EFE

 

(En la imagen un miembro de ADCD de Valladolid a las puertas de la Delegación del Gobierno,  tras la entrega del documento dirigido a la Defensora del Pueblo por más de 6000 personas en toda España)

Organizaciones de la discapacidad han pedido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma aprobada por el Gobierno, el pasado 13 de julio, de la Ley de la Dependencia.

El CERMI y la Asociación Derechos Civiles de Personas con Discapacidad y sus familias (ADCD) han reclamado a la institución que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno, que pretende fomentar los cuidados profesionales de los dependientes sobre los familiares, a los que bajará un 15 por ciento la paga.

Según un informe jurídico del CERMI, los cambios en la Ley de Dependencia "son contrarios a la Constitución", por lo que insta a la Defensora, con capacidad para dirigirse al Alto Tribunal, que asuma sus argumentos legales.

Además, la ADCD ha recordado que sigue esperando la respuesta de la Defensora al escrito presentado en el mes de agosto en el que formulaban esta demanda, después de que la institución le comunicara días después que había iniciado el estudio del asunto.

"Comienza más a parecernos una soledad forzada, a la que cada día miles de ciudadanos de este país nos vemos abocados por falta de esa protección institucional, que si bien, nos dispensan las leyes, también es cierto que nos arrebatan sus malas prácticas", lamenta el portavoz de esta asociación en una carta dirigida a Becerril.

La reforma revisa el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar, aunque los que ya cotizan, "no saldrán de la Seguridad Social en tanto en cuanto no se determine el nuevo régimen", según explicó el Ministerio de Sanidad.

A estos cuidadores se les reduce un quince por ciento la prestación que reciben y se les exige unos conocimientos mínimos para concederles esa asignación con el fin de dar prioridad a los cuidados profesionales. EFE

Fuente: Diario Vasco.com